En la reunion del dia 15 de Febrero de 2008, los miembros de la plataforma y vecinos afectados por las térmicas, acordamos continuar en la lucha contra estas centrales. Aunque el alcalde nos prometió que no se haria la central del Contador, tenemos que vigilar que esta promesa se cumpla.
Como primera medida, acordamos seguir enviando cartas de protesta, por la última trastada que el Gobierno de Zapatero y Chaves nos ha jugado a los ciudadanos, derogando la ley de 1961 que delimitaba una distancia de 2000 mts.a nuestras viviendas de las industrias contaminantes, en este caso las térmicas y por construir estas centrales en vez de apostar por las renovables, como dicen en los medios y luego no cumplen. Se dijo tambien de contactar con el Defensor del Pueblo

Seguidamente, os ponemos el manifiesto que tendriamos que mandar a la prensa, a nuestros contactos, a nuestras autoridades, etc...contra la ley que deroga la de 1961, acerca de la distancia de las industrias contaminantes a nucleos de población.

Mas abajo pondremos de nuevo, las direcciones a las que podeis mandar vuestra protesta.


La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera publicada en el BOE 16/11/20 y que ha entrado en vigor el 17/11/2007, ha derogado totalmente, a través de su disposición derogatoria única al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.

No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. Y en Andalucía tenemos una normativa reciente, la LEY 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y que ha entrado en vigor este pasado mes de enero.

Por tanto, se cierra la puerta jurídica que teníamos abierta, y que el Tribunal Supremo ha venido avalando con la aplicación sistemática del citado Reglamento, cuyo fin no era otro que el proteger al ciudadano de aquellas empresas peligrosas e insalubres.

De esta manera, se abre la posibilidad para que cualquier empresa contaminante (tal y como vienen definidas por la nueva normativa) puedan instalarse donde deseen, siempre y cuando el ayuntamiento tenga ese suelo habilitado para actividades industriales.

Ahora se sustituyen las distancias por una serie de controles de emisiones que llevarán a cabo organismos públicos. Sólo la Administración conocerá realmente lo que contaminen, y sólo a ella le compete tomar las acciones que estime oportuna para controlar dichas emisiones.

Por ello creo que se vulnera de forma manifiesta el Artículo 45 de la Constitución Española, donde se establece que todos los españoles " tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

Resultando del todo incompatible con este principio el que ahora, la nueva legislación medioambiental, “obligue” al ciudadano a convivir de forma tan directa con una industria contaminante, sin límite alguno de distancia, por muchos controles de emisión que se establezcan.

Finalmente, esta nueva legislación a través del principio recogido de “quien contamine pague”, deja a expensas de que sea el ciudadano y no la Administración, el que tenga que demostrar en su caso, ante los tribunales, que la actividad contaminante motivada por la presencia de una industria, le haya podido causar algún tipo de perjuicio en su salud.
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